La presidenta de Santander U.K. esgrimía también que el Real Decreto de 2001, que limita las emisiones radioeléctricas, había podido quedar obsoleto ante los avances de la ciencia durante la última década.

La sentencia considera que Ana Patricia Botín “no ha aportado pruebas de las tesis científicamente prevalentes, en atención a los riesgos desconocidos en el momento en que la disposición reglamentaria fue dictada”.